Por Elbio Laxalte Terra
No deseo que haya ambigüedades. Como
ciudadano uruguayo consustanciado con los ideales del Humanismo, la Tolerancia
y el Librepensamiento, tengo una honda inquietud por las cada vez más
reiteradas violaciones a la laicidad republicanaoriginadas en actividades de
carácter religioso pero de neto signo político.
Pero, lo que me causa realmente un profundo
malestar es la pasividad y casi nularespuesta a esos hechos, resultantes tanto
de las Instituciones del Estado como desde el sistema político, e incluso,
desde las organizaciones de la sociedad civil que por su naturaleza y medio
ambiente en el cual están involucradas deberían sentirse concernidas por esta
problemática.
El pasado 19 de Junio de 2014, con motivo del
250º Aniversario del nacimiento denuestro Prócer José Artiga, traspasando una
frontera que no se había dado en más de un siglo hasta ahora, la Jura de
Fidelidad a la Bandera Nacional, que deben realizar por Ley los alumnos de 1er. Año de Educación Secundaria, fue efectuada por parte de algunos colegios
católicos en el ámbito de la catedral de Montevideo, siendo quien tomó esa
Promesa el propio Jefe de la iglesia católica uruguaya Arzobispo Daniel Sturla,
en presencia de la Bandera del Vaticano, un Estado extranjero, y
terminando la promesa con un “dios les bendiga, amen”.
Este acto configuró una violación flagrante
al principio de laicidad del Estado, pues, violentando la Ley que regula dicho
acto, la promesa se realizó frente a símbolos religiosos que no son “símbolos patrios”; fue asimismo una violación a la
Constitución Nacional, que señala claramente que el Estado no tiene religión; y
significó una violación a la soberanía del país al ejercer un acto de esas
características frente a los símbolos de un país extranjero.
Si esta sustitución del Estado protagonizado
por el jefe católico uruguayo no fuera suficiente, el mismo Arzobispo Sturla,
en declaraciones a la prensa, critica fuertemente y estigmatiza a otras
manifestaciones religiosas, solicitando una mayor intervención del Estado en el
control de las mismas, incluso proponiendo la creación de un organismo
específico, pero sin incluir en ese control claro está, a su propia corriente
religiosa, la iglesia católica, imponiéndola, por la vía de los hechos, como la
religión oficial y hegemónica del Uruguay, en detrimento de otras corrientes
religiosas consideradas minoritarias u “oportunistas” por el catolicismo.
Esta acometida de la iglesia católica
uruguaya, que intenta ocupar espacio político, social y religioso, legitimado
en la ofensiva evangelizadora de la era Francisco, no hace otra cosa que
explotar las debilidades del sistema político, el cual, en plena campaña
electoral, pareciera más preocupado de cuidar los votos que sostener posiciones
de principios en defensa de aquellos valores que han construido nuestra República,
como el de la libertad de cultos, por un lado, y la más estricta laicidad por el
otro.
La Iglesia, a través de sus mandaderos, no ha
faltado de tratarnos de “intolerantes”.
Pero nuestro procedimiento no es otro que
defender y traer al tapete la vigencia de la laicidad de una manera clara y
contundente, porque la misma es un activo de nuestra sociedad y de nuestro
sistema republicano de gobierno; recordando además que en nuestro país existe
la libertad de cultos, que significa que ninguna religión o espiritualidad
tiene preeminencia por encima de otras y que el Uruguay como nación no tiene
religión oficial alguna.
La laicidad rechaza los aspectos políticos de
las religiones, y la ocupación por las mismas del espacio público que por
definición es de todos los ciudadanos y ciudadanas en tanto tales, y no por sus
creencias u opiniones; pero les deja a ellas todas sus libertades en la vida
social bajo el régimen del derechos común. La laicidad es lo que ha garantizado
en nuestra República una convivencia ejemplar entre religiones, nacionalidades
e idiosincracias, las cuales siendo del resorte de la vida privada de los
ciudadanos, deja el espacio público – y en nuestro país el rol de la escuela
pública gratuita, obligatoria y laica es ejemplar al respecto - como un lugar
de integración social, democrático, pluralista, respetuoso de la diversidad,
donde lo único
que se pone de relieve es la condición de
ciudadano, un hombre o una mujer libre sobre el cual se asienta la soberanía
política de la República.
El hecho de que cualquier religión o
espiritualidad, grande o pequeña, se encuentre amparado por el derecho común,
brinda las garantías necesarias de que su funcionamiento se realiza dentro de
las leyes de la República, y por este hecho, nos guste o no sus prácticas,
tienen el derecho a no ser cuestionadas en su legítima existencia. La iglesia
católica debería saber que terminó hace tiempo la época donde ella se arrogaba
el derecho de declarar herejes a prácticas religiosas que cuestionaba, y por
ese hecho, se les perseguía, masacraba y asesinaba en la hoguera. La práctica
de la laicidad también defiende a las manifestaciones espirituales, sean
minoritarias o no, como legítimas y al amparo de la ley, protegidas de
cualquier despotismo de una religión, ideología o gobierno, que se considere dominante.
Hoy, cada vez más la laicidad, ese principio
básico de la política y de la convivencia social, y código de vida colectiva,
se encuentra cuestionado por diversos movimientos y grupos religiosos, que la
rechazan estigmatizándola como una “dictadura de losateos”, como un “jacobinismo
arcaico” o como un resabio absurdo de la secularización
de nuestro país. Incluso se pone en cuestión la naturaleza jurídica de nuestra
República, como subsidiaria de un “derecho religioso” considerado primordial y anterior a todo derecho. Y en esa crítica,
muchas veces también se ve a los fundamentalistas de diversos signos religiosos
manifestarse en un mismo sentido, por ejemplo, criticando – a veces de manera
exacerbada - los avances en los nuevos derechos sociales adquiridos, en materia
de igualdad de género, inclusión de las
diversas opciones sexuales, matrimonio
igualitario e interrupción voluntaria del embarazo y el derecho de la mujer
sobre su propio cuerpo. Todas conquistas que nuestra sociedad ha logrado al
amparo justamente de su condición laica.
Nosotros no negamos la existencia de la
diversidad en nuestra sociedad. Diversidad de origen étnico, religiosa,
cultural, etc. Y menos aun rechazamos el derecho de los ciudadanos de sentirse
perteneciendo a una comunidad identitaria, sea por creencias, por tradición,
por costumbres. Pero a condición de que la persona no confunda los hábitos,
creencias o particularidades de las mismas, queriéndolas imponer al resto como
una verdad u opción de vida a seguir obligatoriamente. La laicidad justamente es
lo que protege a la comunidad de que todos pueden sentirse reconocidos y amparados
en sus costumbres y creencias, respetados y libres, con la condición de no
imponerlas a quienes tienen otras prácticas o simplemente a quienes no desean abrazar
ninguna o no les interesa.
Incluso, la propia laicidad no es un dogma, y
quien lo desee puede perfectamente estar en contra de la misma y manifestar sus
opiniones antilaicas. Pero, a lo que nadie tiene derecho es a situarse por
encima de las leyes de la República,transgrediéndolas, y en particular aquella
que desde la Constitución de 1917 separa la religión del Estado, declarando que
este no tiene religión alguna y que por lo tanto la religión es un asunto
privado de los ciudadanos, protegidos por la libertad de cultos estipulada en
la misma Constitución Nacional.
Para asegurar a todos y cada uno sus
libertades básicas y asegurar la coexistencia de la diversidad, un país
democrático republicano debe ser sólido en sus principios jurídicos de manera
que permita la integración de todos en tanto que ciudadanos sin fragmentar la
sociedad en corporatismos del tipo que sea, que devengan en poderes fácticos
por encima de la ley común a todos. La laicidad es la garantía que permite esa
coexistencia en la pluralidad y la integración social al no tener el menor
distingo entre sus diversos integrantes. Por ello, tanto el Estado como las
instituciones políticas deben ser – además de garantes de la laicidad -
permanentes pedagogos
en la forja de una conciencia social de
tolerancia y respeto mutuo. Sobre todo el Estado no debe ser prescindente, sino
un agente aglutinador imprescindible. Pero,más allá del Estado, todos –
ciudadanos y dirigentes políticos y sociales – cualquiera sea su sensibilidad
ideológica o religiosa, somos responsables. Sin embargo vemos con
consternación, que no hay reacciones lo suficientemente fuertes ni de unos ni
de otros que pongan un freno a la ofensiva contra las instituciones laicas y a
la violaciones cada vez más frecuentes de la laicidad institucional y a la
pérdida de nuestros valores laicos garantes de nuestra convivencia social.
En reacción a lo que consideramos una de las
peores violaciones a la laicidad de los últimos tiempos, que supuso traspasar
una frontera de respeto existente desde hacía más de 100 años, como fue la Jura
de Fidelidad a la Bandera Nacional realizada en la catedral de Montevideo por
el Arzobispo Daniel Sturla y frente a la bandera de un Estado extranjero, la “Asociación Civil 20 de
Setiembre”, que
integramos, envió sucesivas cartas de protesta y búsqueda de explicación a
diversas autoridades nacionales y entidades de la sociedad civil, a saber:
Ministro de Educación y Cultura, Ministro de Relaciones Exteriores, Autoridades
del CODICEN, Autoridades del
Consejo de Educación Secundaria, Comisiones
de Educación y de Asuntos
Internacionales de ambas Cámaras legislativas,
al sindicato de profesores de
secundaria FENAPES, al PIT-CNT y a ADEMU.
Salvo la Comisión de Educación y Cultura
de la Cámara de Representantes, que acusó recibo, del resto se obtuvo como respuesta
el más absoluto silencio, marcando una constatación inevitable que es el más
completo abandono de los valores canalizados por la laicidad justamente por parte
de aquellos que deben cuidarlos y preservar su vigencia. De esta manera nuestras
autoridades políticas y estatales están marchando por un peligroso camino sin
retorno del cual, a la corta o a la larga, estaremos, como sociedad, pagando
las
consecuencias.
Lic. Elbio Laxalte Terra
Miembro de la Asociación Civil 20 de
Setiembre (www.20desetiembre.org)
Portavoz de la Asociación Internacional de Libres
Pensadores – AILP
(http://www.internationalfreethought.org)
